No es lo mismo: REPÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO


Alberto Mansueti


Un Gobierno limitado se constriñe a la defensa y la seguridad; la administración de justicia; y la contratación con empresas privadas para la realización y mantenimiento de obras públicas. Su poder se limita a las facultades y atribuciones para cumplir las tales tres funciones. Y también sus gastos, y sus impuestos y recursos. Así el poder no interfiere en las actividades normales de la educación, medicina y asistencia social, ni de la economía y las finanzas, a cargo de los sectores privados: empresas y organizaciones no lucrativas.

Un Gobierno sin fronteras en cambio pretende brindar educación y atención médica a la población, así como jubilaciones y pensiones. Asume entonces la propiedad, la gestión y/o el control sobre institutos educativos, hospitales y cajas provisionales. Y sobre fincas, comercios, fábricas, bancos y toda clase de empresas productivas, porque también pretende controlar la Economía.

Con el pretexto de cumplir tantas funciones, en todas esas áreas, asume unos poderes casi ilimitados. Y sus gastos también se disparan, con lo que surgen los impuestos excesivos, la deuda crónica, y la impresión indiscriminada de billetes y multiplicación artificial del crédito. Así un Gobierno interfiere negativamente en las actividades privadas.

Y es imposible evitar que un Gobierno así incurra en toda clase de abusos. La corrupción es sólo uno de ellos, pero también los impuestos confiscatorios y la inflación de dinero, y los privilegios monopolísticos concedidos a empresas y grupos de intereses especiales.

Algunos filósofos griegos pensaron que la Democracia era un antídoto eficaz contra los abusos. Pero en el s. XX la Democracia no sólo fue incapaz de contener al Gobierno ilimitado, sino que lo propulsó. El antídoto se vio entonces en la República o democracia liberal, forma de Gobierno que incluye ciertas instituciones básicas garantizadas por la Constitución. Y así es, pero ellas pueden servir para contener al poder sólo si sirven para contener la Democracia; es decir, si la voluntad de la mayoría no puede cambiarlas. O no puede cambiar su interpretación, su sentido o su formulación, que es lo que ocurrió. Vea Ud.:

#) Libertades individuales. De expresión y prensa, reunión y asociación, culto, y todas las libertades civiles y políticas, incluso los derechos a la justa defensa y resistencia a la opresión. Son los verdaderos derechos humanos: a la vida, libertad y propiedades; y a la “procura de la felicidad”, cada quien por su cuenta y ciencia, respetando iguales potestades del prójimo. Y las libertades económicas, que son las garantías a la propiedad privada, a la competencia y al libre comercio. En 1776, las demarcaciones constitucionales que protegían estos derechos fueron formuladas en EEUU como limitaciones a las acciones y a los derechos de los Gobiernos, en las primeras enmiendas a la Constitución.

Sin embargo, con el tiempo se agregaron los supuestos derechos a la educación y a la salud, al empleo y al salario “digno”, a la vivienda “higiénica” y otros derechos “sociales”, entendidos como derechos colectivos, formulados e interpretados como autorizaciones a los Gobiernos para usurpar funciones privadas, o para interferir en su cumplimiento por las instituciones privadas.

#) Estado de Derecho. Es el “imperio de la ley”, no del gobernante ni del funcionario. Pero la ley entendida como norma mínima de conducta racional, regla no sólo clara sino justa e igual, la cual garantiza libertad personal en todos los comportamientos no prohibidos expresamente, entendidos como derechos. Por eso la igualdad ante la ley es igualdad de derechos; no de resultados, ni de oportunidades. El Gobierno se limita a asegurar esos derechos de todos, sin brindar privilegios a los intereses de algunos en perjuicio de otros. Y sólo interviene con su brazo judicial, cuando la ley es violada.

Sin embargo, con el tiempo prevaleció la concepción positivista contraria, según la cual “Estado de Derecho” es que cualquier injusticia, locura o atrocidad puede ser legalizada, si es con amplias mayorías de diputados, elegidos por amplias mayorías de sufragios, como en el Tercer Reich, donde hasta el genocidio fue legal. No hay más ley que la voluntad del legislador, concepto que lamentablemente prevalece en nuestras Facultades de Derecho, y en nuestras democracias.

#) Separación de poderes o independencia del poder judicial, según si el modelo constitucional es parlamentario o presidencialista. En uno el Ejecutivo se subordina al Legislativo del cual procede: el pueblo escoge a los miembros del Parlamento y éstos al Primer Ministro; pero los tribunales son independientes. En otro se “dividen” los tres poderes, y se elige por separado al Presidente y a los miembros del Congreso. El sistema parlamentario es el de la tradición británica y los países del Commonwealth, y el presidencialista el de EEUU y parte de Europa continental.

¿Cuál de los dos es mejor para contener los abusos del poder y/o los abusos de las mayorías? Muy vieja pregunta, que la experiencia ya ha respondido: ninguno. Hubo gobiernos abusivos y totalitarios en países parlamentarios y presidencialistas.

#) Federalismo y autonomía municipal: carácter supremo de los Gobiernos locales y subsidiario del Gobierno central o federal, e independencia del cabildo o municipio como fundamental constitutivo del Estado.

Estas sí son mejores barreras; pero ningún modelo o cláusula constitucional por sí sola puede servir a esa función, si no hay una fuerte corriente de opinión convencida y dispuesta a hacerla valer, y un partido político para servir de canal operativo. Esa es la única barrera eficaz. Principio de Jefferson: “El precio de la libertad es la vigilancia permanente”.

#) Gobierno responsable o Gobierno por consentimiento: la democracia debe ser efectiva y no meramente formal, y por tanto el gobernante debe responder fielmente al pueblo, y no puede recurrir a artilugios o trampas que falseen la voluntad popular expresada en las urnas.

Pero el poder no respeta voluntad popular alguna, si no hay la mencionada barrera: una corriente de opinión identificada con estos principios y dispuesta a defenderlos, y un instrumento político-electoral idóneo para expresarla y hacerla efectiva.

alberman02@hotmail.com

www.ODLV.org

www.PROPUESTALIBERAL.blogspot.com

propuestaliberal@gmail.com / propuestaliberal@hotmail.com

No es lo mismo: DEMOCRACIA Y GOBIERNO LIMITADO


Alberto Mansueti

Democracia no es la panacea de todos los males. Es apenas una forma de Gobierno, que nos permite elegir a los gobernantes por el voto popular mayoritario. El filósofo Karl Popper la definió como una manera incruenta de destituir y reemplazar a los elencos políticos que han probado su ineptitud, y por ello preferible a la revolución, por lo general sangrienta. Pero la democracia en sí misma no garantiza la mayor aptitud de los elencos ulteriores.

“La voz del pueblo es la voz de Dios”, decían los corifeos de los Césares romanos populistas, que a la plebe daban “pan y circo” para ganarse el aplauso servil de la “turba multa” (latín: muchedumbre inquieta o agitada).

Pero la voz del pueblo no es la voz de Dios. La Biblia dice que Dios habla por boca de sus profetas, no del pueblo. Y que a los profetas enviados por Dios, el pueblo por lo corriente les rechaza, les escarnece, les apedrea y crucifica.

La Biblia no propone el gobierno democrático sino el gobierno limitado, que puede o no ser democrático. Gobierno limitado significa dedicado sólo a tres funciones: defensa y seguridad; administración de justicia; realización y mantenimiento de obras públicas. Y que sus poderes también están estrictamente limitados a las facultades y atribuciones necesarias para cumplir esas funciones. Y que sus gastos y sus impuestos también se limitan a los necesarios para las mismas. (Por si le interesa, mi libro “Las leyes malas” contiene el estudio bíblico sobre el Gobierno).

¿Es la democracia le mejor forma de Gobierno, o al menos “la menos mala”? Para responder esa tenemos que compararla con las otras opciones.

Con distintos nombres entre hebreos, griegos y romanos, casi todos los pueblos de la Antigüedad distinguieron tres formas “puras” de Gobierno: Monarquía, Aristocracia y Democracia, según gobernase respectivamente un Rey, una elite de antiguos patricios o sus descendientes -distinguidos por sus virtudes-, o un conjunto de funcionarios elegidos por la masa del pueblo.

Sin embargo estas formas “extremas” tendían a degenerar en otras formas “impuras” o corruptas -de gobiernos abusivos- llamadas Tiranía, Oligarquía y Demagogia, según gobernase abusivamente un déspota hereditario, una casta cerrada de nobles privilegiados, o un partido de elocuentes mentirosos, vividores del erario fiscal. (Demagogia significa “adular al pueblo”, y la democracia ateniense tenía un recurso para evitar que los hábiles oradores se ganaran el favor popular con discursos aduladores: el “Ostracismo” o pena de destierro, la cual votaban escribiendo en caparazones de ostras o cerámicas por la condena o absolución).

Los antiguos desconfiaban de las formas puras o extremas por ser la causa del “ciclo político”. Era ese un círculo vicioso, descrito por Polibio (210-125 a.C.), escritor griego romanizado:
-- Comienza el ciclo v. gr. cuando la democracia degenera en Demagogia, y se introduce caos, desorden, anarquía y abusos; y el pueblo reclama entonces un caudillo.
-- Y así de la democracia se pasa (o retorna) a la monarquía, tal vez con otro nombre, p. ej. dictadura. Pero temprano o tarde el jefe abusa, y se hace tirano. Ante la apatía popular, reacciona una minoría selecta, y se establece (o restablece) el orden, y una aristocracia.
-- Pero ese grupito tarde o pronto abusa del poder e impone privilegios a título de derechos, y se hace una oligarquía. Entonces hay una revolución, retorna la democracia, y sigue el ciclo. ¿Como en América latina…?

Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.) y otros autores clásicos vieron la solución en una forma “mixta”: la República. Sus diferentes instituciones seguían cada una los distintos principios de Gobierno: los cónsules, la pauta monárquica; el senado, el principio aristocrático; y la asamblea, la democracia. La idea era el equilibrio de estos poderes; los “frenos y contrapesos” constitucionales.

Así p. ej. el Gobierno en la Constitución de EEUU (1776) no fue pensado como Democracia, sino como República, combinando los tres tipos de poderes:
-- Monarquía -aunque no hereditaria- en instituciones como el Presidente y el Vice;
-- Aristocracia, en cuerpos gubernativos muy selectos por su composición y elección: Corte Suprema de Justicia y Alto Mando militar, magistraturas a las cuales no se accede mediante elecciones democráticas en EEUU ni en país alguno. Y el Senado o Cámara Alta, elegida por sufragio indirecto, y no por voto popular o de base.
-- Y Democracia, en instituciones como la Cámara Baja, de elección popular y directa, e igualmente Legislaturas y Gobernadores de muchos Estados.

Esta forma de Gobierno civil fue copiada del Gobierno “pactual” de la mayoría de las iglesias locales en las colonias americanas, con el Pastor, el Consejo Presbiterial, y los miembros de la congregación, conforme a una Constitución escrita (“Covenant” o Pacto).

Después, en los ss. XIX y XX, con la imposición de la democracia como único régimen legítimo, la expresión “República” pasó a designar el tipo de democracia “liberal” -palabra en uso desde la Constitución española de 1812- en la que ninguna mayoría puede ir en contra de institutos y reglas que consagran ciertos principios y garantías básicas del Gobierno limitado: las libertades individuales, el Estado de derecho, con separación de poderes o independencia de los jueces, el federalismo y la autonomía municipal.

A la gente se le hace creer que la democracia es “algo más que el voto”, lo cual no es verdad. Democracia es el voto. Y punto. Cuando si se pregunta “¿qué más?”, se suelen esas enumerar tales libertades y garantías y otras similares. Pero en realidad esos no son rasgos propios de la democracia sino de la República. ¿Las vemos en el artículo que sigue?.

alberman02@hotmail.com

www.ODLV.org

www.PROPUESTALIBERAL.blogspot.com

propuestaliberal@gmail.com / propuestaliberal@hotmail.com

Honduras: Democracia contra República



Guillermo Rodrígez

Toda república es, en algún grado, democrática; pero no toda democracia es republicana. De hecho los excesos de mayorías democráticas han causado la destrucción de república, tras república, de la remota antigüedad clásica al presente. Tal es el verdadero telón de fondo de lo que ocurre en Honduras. Pero no por ello deja de ser un problema complejo, en el que dejando de lado la tiranía de lo “políticamente correcto” importa entender que no es para nada sencillo tomar posición por uno u otro bando, sino por la legalidad republicana que es lo que se debe defender por encima de cualquier otra preferencia.

Razones sobran para desconfiar de la Fuerzas Armadas Hondureñas, es lamentable, pero es cierto. La Corte Suprema y el Congreso están lejos de la ser modelos excelentes de sus respectivos papeles, eso es cierto, pero en esta región los hay peores. Zelaya ha sido un presidente democráticamente electo, cuya intención de utilizar su democrática mayoría circunstancial para destruir lo poco de de República que existe en Honduras, construir en su lugar una “institucionalidad” a su medida y constituirse en caudillito eternizado de una variante del socialismo radical, es tan pública, notoria, confesada y evidente que resulta sencillamente indiscutible; como obvio es que todo ello lo hace en el marco continental de una serie de esfuerzos por avanzar en un proyecto socialista del siglo XXI, del que eternizar en el poder presidentes originalmente electos en un juego alternativo es parte importante, no única ni definitiva, pero si importante y necesaria al nuevo proyecto socialista, especialmente en circunstancias como las de Honduras.

Así las cosas, la cronología de los hechos es clara y no presenta dudas:

La Constitución Hondureña prevé y norma la convocatoria de una Asamblea Constituyente y Zelaya convocó un referendum sobre el tema.
Dado que la normativa constitucional le permite al Congreso, no al Presidente, tal convocatoria, la Corte Suprema declaró ilegal la convocatoria del Presidente.
El Presidente se declaró en rebeldía contra la Corte Suprema y la Constitución, e insistió en su convocatoria calificando la consulta ilegal de “no vinculante”.
Las fuerzas militares, afirmando que obedecían a la Corte y al Congreso lo destituyeron.
El Congreso nombró presidente interino intentado cerrar el caso de acuerdo a lo establecido por la Constitución Hondureña.
Suena a que Corte, Congreso y militares tienen la razón, pero no es tan simple, porque si Zelaya intentaba imponerse sobre la Constitución y las instituciones, quienes lo destituyen no lo hacen con escrupuloso apego a los procedimientos del caso. ¿Dónde están las más notorias fallas institucionales? Primero en la expulsión del país de Zelaya, y otros funcionarios de su gobierno; una “solución” inaceptable para ser puesta en practica por quienes afirman que han destituido a un presidente que se ha puesto fuera de la Ley –contando posiblemente para ello con apoyo de buena parte de los gobiernos de la región– y al que entonces correspondería juzgar al máximo tribunal de su propio país. Segundo por el grado de protagonismo militar creciente a lo largo de la crisis. Y tercero por los complejos y polarizados intereses, internos y externos a Honduras, que toman partido en torno a lo ocurrido, y forman opinión al respecto, no por lo que se hizo, sino por quién lo hizo.

El mandatario Venezolano casi anuncia la invasión militar de Honduras para restituir a Zelaya. Poco probable, pero el que los militares se tomaran la “libertad” de expulsar embajadores (por mucho que con la anuencia de Zelaya estos intervinieran en los asuntos internos de Honduras indebidamente) sin la menor duda justifica plenamente a Chávez y Castro, como Jefes de Estado, para protestar e incluso actuar –una torpeza enorme de quienes destituyeron a Zelaya– pero que el equilibrio de poderes regional les permitiera realmente actuar por medios militares unilateralmente ya sería más difícil, aunque no del todo imposible. Más factible será que en el propicio ambiente político e ideológico logre encabezar un completo bloqueo económico a Honduras, cosa relativamente simple para Caracas –y más en la medida que en Washington miren para otro lado– contra un país que depende completamente del petróleo que importa de Venezuela.

En su momento Hugo Chávez –quien ya tiene una década en el poder– pudo convocar una Asamblea Constituyente no prevista por la Constitución Venezolana de entonces, porque nadie dentro de la institucionalidad se opuso realmente, ni había nada que lo prohibiera o normara. Zelaya, para seguir los pasos del Caudillo socialista venezolano ha debido construir una mayoría parlamentaria, que le permitiera alcanzar esa Asamblea Constituyente que le sirviese de sastre de un nuevo traje a la medida al aspirante a caudillito. Jugó adelantado por falta de tiempo, y apostando al argumento por el que los demócratas han destruido las Repúblicas desde la antigüedad: que la voluntad de la mayoría es Ley; y no lo es. La voluntad de la mayoría en la democracia está sometida a dos límites, el respeto del derecho de toda minoría, hasta la de uno sólo; y el respeto a la institucionalidad republicana que se crea, además de para proteger los derechos individuales, con el claro objeto de garantizar que los cambios de opinión signifiquen la formación de nuevas mayorías, y con ellos se produzcan cambios pacíficos de gobierno. Esa es la única virtud real de la democracia, la que justifica sufrir todas sus notorias deficiencias. Retírense las barreras republicanas a la voluntad de la mayoría, y esta instituirá, más temprano que tarde una tiranía, tras lo cual su posterior cambio de opinión no le será suficiente para cambiar de gobierno pacíficamente.

Los socialistas radicales apostaron en Honduras a que el momento era idóneo para sostener ese argumento exitosamente, y con ello ahorrarse el largo e incierto camino de destruir la institucionalidad desde adentro paciente y ordenadamente –cosa que también se ha practicado con éxito para establecer totalitarismos socialistas, de signo variado, en diferentes lugares y tiempos– y lo hicieron porque de tal crisis podían sacar más que de cualquier otro escenario previsible en Honduras; midiendo a la actual administración norteamericana la reputan incapaz de defender el orden republicano contra la circunstancial voluntad de una mayoría democrática, incluso si aquella fuera aparente. Y en eso tienen razón, la administración Obama, como claramente muestra su primera reacción, está ideológicamente inclinada a apoyar que un ejecutivo democráticamente electo use como papel sanitario cualquier constitución en la medida que cuente con apoyo mayoritario para ello. ¡Que más quisieran que hacer eso y más en Washington! Y si los que asumen el papel de defensores del orden republicano cometen errores importantes, de forma y de fondo, como ha ocurrido en este caso, la posibilidad de que Zelaya retorne al poder, OEA mediante, es mucho mayor de lo que pudieran creer quienes se empeñan en ver el mundo como era, y no como es.

Pero la ideología es la ideología, y los intereses son otro asunto. No es seguro cual es papel que jugará Washington en todo esto, ni como lo jugará, aunque en cosa de horas, o a lo más días, lo veremos. Por otro lado, lo que si es claro que para los libertarios es que si de una parte es imposible defender a un presidente que viola clara y arrogantemente la constitución que juró defender, tampoco se puede poner las manos en el fuego por los militares y políticos hondureños que destituyeron, no tan constitucionalmente, a su presidente, entre otras cosas porque lo ocurrido con los embajadores de Venezuela y Cuba demuestra, no solo su torpeza, sino su escasísimo y muy circunstancial apego a las formas republicanas en cuya defensa dicen actuar. Así que si el asunto de fondo es claro: Zelaya violó la constitución y se declaró, desde la Presidencia, en rebeldía contra el orden Constitucional, arriesgándose a ser depuesto, como en efecto lo fue. Pero la verdad es que dicha destitución es un riesgo muy bien calculado del que el bando del que forma parte Zelaya esperá ganar mucho. Aquí estamos, y lo que sigue no es nada claro, entre otras cosas porque a los poderes geopolíticos continentales a las que les tocó enfrentarse en Honduras, el orden republicano les importa el mismo rábano.

A quienes defendemos los principios del orden republicano como el frágil y delicado logro civilizatorio que son, nos preocupa y molesta lo que intenta –y va logrando– en su contra Chávez en Venezuela, tanto como lo que intenta –y también va logrando– en su contra en Colombia Uribe, no menos que lo que intentaba –y aún podría lograr– Zelaya en Honduras, y tantos otros en tantas partes. Nos molesta con independencia de los resultados positivos que en ciertos aspectos de enorme importancia puedan, o no puedan, exhibir tales mandatarios, o de los intereses internacionales a los que se alineé cada cual de ellos. Por eso, si la intención autonomista de algunos departamentos bolivianos nos parecía perfectamente legitima, los procedimientos adelantados por su Prefectos en su momento, tan parecidos a los de Zelaya hoy, nos parecían desastrosos, incluso para su propia causa; entre otras cosas porque su premisa se había reducido a la misma de Morales, la de la voluntad ilimitada de la mayoría democrática, que fuera la mayoría nacional o regional, es otro asunto.

Pero los poderes que se enfrentan en torno a Honduras, y la mayoría de una opinión pública desorientada, no creé en principios republicanos, sino en tomar posición por o contra Zelaya, por o contra Uribe, por o contra Chávez, por o contra los caudillos o caudillitos, y cuando eso pasa el mismo que defiende la intención de Uribe de eternizarse en el poder, condenará la de Zelaya y viceversa. El mismo que defendió ilimitadamente los referendos inconstitucionales de Bolivia, criticará ilimitadamente el intento del mismo tipo por Zelaya. Eso, que en los intereses obscuros tras el telón es astuto maquiavelismo, en la opinión pública desinformada es pura y simple torpeza. A fin de cuentas las mayorías que destruyen repúblicas actúan en contra de su propio interés de largo plazo por perseguir en de corto plazo, y en ocasiones por la simple y poderosa fuerza de la envidia.

Que en Honduras se sostenga la Constitución, o se terminé en otra tiranía, son dos cosas que pueden ocurrir con o sin Zelaya en la presidencia –de varias formas diferentes– porque un tremendo problema es que quien claramente decidió saltarse a la torera su carta magna desde el ejecutivo, lo hizo a partir de un apoyo electoral mayoritario. Y eso, en estos tiempos, casi todos los gobernantes en este continente –de Washington a Caracas, pasando por Bogotá– lo comparten plenamente. Así que si el destino de Zelaya pareció incierto, lo más probable es que no lo sea tanto. Si de apostar se tratase, lo lógico sería apostar que estará en Tegucigalpa reinstalado en cuestión días, no es del todo seguro, aunque es lo más probable. Pero lo que si es muy incierto, con relativa independencia de cómo se “resuelva” esta crisis atípica, tan propia de los nuevos tiempos y a la que la infinita flojera mental se empeña en ver con los anteojos de tiempos pasados, es el orden republicano, en Honduras y en el continente en entero.

http://tercerpolo.tripod.com/

www.ODLV.org

www.PROPUESTALIBERAL.blogspot.com

propuestaliberal@gmail.com / propuestaliberal@hotmail.com